 |
| Benito Carrera. Responsable Salud Laboral CC.OO. Aragón. |
El pasado 21 de julio se
publicó el Real Decreto 625/2014 de 18 de julio, por el que se regulan
determinados aspectos de la gestión y el control de los procesos de incapacidad
temporal, en los primeros 365 días de su duración. Un Real Decreto que introduce
importantes cambios con respecto a la legislación actual sobre la gestión,
control, plazos y procedimientos de la incapacidad temporal, que entrará en
vigor el próximo 1 de septiembre y que establece una nueva regulación de la
incapacidad temporal por parte de las mutuas que podrán controlar el proceso
desde el primer día de la baja, lo que supone más poder para condicionar a las
personas poniendo en peligro su recuperación.
Para Comisiones Obreras la
publicación de este Real Decreto omite compromisos adquiridos en el diálogo
social en la línea pactada de colaboración con el Sistema Público de Salud, no
hace mención a la necesidad de implantar un sistema que permita el afloramiento
de las enfermedades profesionales, tampoco alude al compromiso de coordinación
entre el Sistema público de salud y las mutuas, en la mejora de la salud de los
trabajadores y las trabajadoras. Sin embargo incluye cuestiones relacionadas
con el procedimiento de propuesta de alta formulada por las mutuas en los
procesos de derivados de contingencias comunes, con las que Comisiones Obreras
se ha mostrado abiertamente en contra.
El argumento recurrente al gasto de la prestación por incapacidad temporal y su
repercusión en la productividad no se atiene a la realidad, ya que en los
últimos años ha ido reduciéndose. Muestra de ello es la evolución de los
indicadores de incidencia y duración media de los procesos, así como la
evolución del gasto por persona afiliada a la seguridad social, haciendo
innecesaria la adopción de medidas extraordinarias de control por parte de las
mutuas que puede poner en peligro la recuperación de las personas trabajadoras.
Los recortes han mermado la salud de los trabajadores y trabajadoras, mienten
en su encaje con el concepto de absentismo, el mismo no es un problema, sirva
el dato de la encuesta de coyuntura laboral que elabora el Ministerio de
trabajo, cuando muestra parámetros del 3.5%, o cuando indica que el 72% de la
población activa no presenta en el plazo de un año ninguna incapacidad por
enfermedad común. Lo que si es cierto son los diferentes estudios donde se
estima que las patologías de origen laboral llegarían al 64% en la
infradeclaración de las enfermedades profesionales.
En opinión de Benito Carrera, secretario de salud laboral de Comisiones Obreras
Aragón, “el decreto y el anteproyecto de la ley de mutuas consolidan el interés
privado-empresarial de estas entidades para ganar terreno a la gestión pública,
ello conlleva una ambición de protagonismo en el control del poder de las
mutuas en el control de la prestación de la incapacidad temporal. Donde
queda cuestionada la profesionalidad de las y los médicos del Sistema Público
de Salud ya que serán las propias mutuas las que supervisen el trabajo del
personal médico del Sistema Público”. Comisiones Obreras frente al anteproyecto
de la ley de mutuas evidencia que es necesario un debate en profundidad sobre
el modelo de mutuas. “Cualquier reforma debe configurar un proyecto
estratégico, coherente y consensuado según determinamos en los acuerdos sobre
la modernización del sistema de Seguridad Social en 2011” afirma Carrera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario