Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social no han ajustado, en general, su gestión contractual a los principios de objetividad y transparencia a los que se deben adecuar todos los integrantes del sector público estatal, según la fiscalización del Tribunal de Cuentas aprobada el pasado 26 de marzo. Y, lo que es peor, las irregularidades cometidas pueden ser en varios casos constitutivas de delito, según consta en el informe de fiscalización sobre los procedimientos de contratación de las mutuas aprobado el pasado 26 de marzo por el pleno del tribunal.
El Tribunal de Cuentas concluye que se han realizado pagos indebidos con cargo al patrimonio de la Seguridad Social por importe de 14,9 millones de euros, de los que 8 millones corresponden a Universal Mugenat; otros 4, a Fraternidad Muprespa, 2,4 millones a Ibermutuatur; 346.368 euros, a Asepeyo y otros 168.724 euros a Unimat. Según el informe, que valora la actuación de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, las mutuas no han promovido la concurrencia ni la publicidad en su contratación y han dado grandes cantidades a partes vinculadas. Además, el tribunal señala que ha detectado "múltiples" supuestos de incumplimiento del régimen de incompatibilidades.
En algunos de esos casos el Tribunal de Cuentas ve indicios de delito, especialmente en Universal Mugenat, cuyos responsables podrían haber incurrido en delitos de estafa, apropiación indebida, delito societario, falsedad documental, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o fraude, según el informe.
El Tribunal de Cuentas también hace referencia a la existencia de posibles responsabilidades contables o penales en operaciones de las mutuas Asepeyo, Ibermutuatur o Muprespa. La Fiscalía del Tribunal ha propuesto la exigencia de responsabilidades económicas a varios de los gestores de algunas de las mutuas fiscalizadas.
Fuente de la noticia El País
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