El camino hacia la austeridad iniciado por la Seguridad Social limita con la inmoralidad. Ésa es, al menos, la opinión que mantiene la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), una asociación destacada en la defensa de la gestión sanitaria enteramente pública, y que ha criticado la publicación de una guía publicada con la intención de orientar a los médicos a la hora de prescribir una baja laboral.
La publicación de la guía coincide con el cobro por parte de los médicos
madrileños de una gratificación que, por segundo año consecutivo, prima la
reducción en el número de bajas laborales prescritas. En esta línea la ‘Guía de
valoración de incapacidad laboral para médicos de Atención Primaria’ pretende
ayudar a los médicos a evaluar a sus pacientes. Se pretende que "sólo
reciban la prestación las personas realmente enfermas", aduce la Seguridad
Social.
El método escogido, sin embargo, ha despertado nuevos recelos entre quienes denuncian la desconfianza hacia la honradez de los pacientes que acuden al médico. Según la FADSP, la guía abunda en la “sistemática sospecha” que pesa sobre los pacientes y sus supuestas “pretensiones de fraude”.
En esta línea, la Federación recuerda otro sistema de control parar reducir el número de bajas. Para Alberto del Pozo, médico de Atención Primaria, el cobro de un complemento salarial por parte de los médicos que no prescriban bajas supone una “forma perversa” de relacionar los honorarios de los profesionales con el ejercicio de su profesión. A su parecer, las primas se sitúan en un lugar “fronterizo con la inmoralidad” en relación a la dimensión ética que debe presidir el desempeño de la medicina.
Por su parte, la Seguridad Social afirma que guía "no pretende, en ningún caso, decir a los médicos cómo deben ejercer su profesión”, según abundó el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, en la presentación esta semana de la guía. Por el contrario, sostuvo, la guía “simplemente” persigue ofrecer a los médicos un “apoyo” para la valoración de los pacientes.
CAOS EN EL SEGUNDO ESCALÓN
La Federación sostiene, en cambio, que el ahorro pretendido con el control de las bajas laborales se lograría organizando mejor la atención médica. El Sistema Nacional de Salud (SNS) padece “gravísimas deficiencias organizativas”, sostiene la (FADSP), que, entre las deficiencias, cita las “largas demoras” en las consultas de especialistas del segundo y tercer nivel, atribuidas a la “escasez de personal”que padecen estos servicios. Además, “las exasperantes listas de espera” necesarias para la realización de pruebas complementarias provocan que las bajas sean más largas, añaden, al impedir que se diagnostiquen las dolencias a tiempo.
“Si se va a otorgar a la Atención Primaria un papel decisorio en el control y seguimiento de la Incapacidad Temporal (IT)”, afirma Alberto del Pozo, médico de Atención Primaria, “no parece que juegue un papel favorecedor el hecho de que en muchas consultas el tiempo dedicado a cada paciente no alcance los 6 minutos”, asegura, tras criticar lo que califica de “intrusismo” por parte de las Mutuas, entes privados encargados, en algunos casos, de prescribir estas bajas laborales.
EL PARO AHORRA RECURSOS
Al presentar la guía, el secretario de Estado de la Seguridad Social destacó, en los últimos años, este gasto por Incapacidad Temporal (IT) –el nombre técnico que reciben estas bajas- se ha visto reducido, debido, en su opinión, “al aumento de procesos controlados en aquellos espacios donde se producen enfermedades de forma reiterativa".
Sin embargo, la Federación sostiene que la caída registrada se debe en buena parte a la “incertidumbre” que ha provocad la crisis económica entre los trabajadores. A su juicio, la falta de certeza sobre la continuidad en el puesto de trabajo motiva que muchos ciudadanos renuncien a pedir la baja, aunque les suponga acudir al trabajo enfermos. Esa incertidumbre “y la desregulación que va instalándose en el mundo del trabajo”, es lo que deteriora la salud física y mental de los trabajadores. “Así lo comprobamos cada día en nuestras consultas de atención primaria”, sostiene del Pozo.
Con todo, la Federación juzga “positivos” algunos aspectos de la guía como la homologación de criterios y la reivindicación de que es el puesto de trabajo el que debe adecuarse lo más posible a las personas, “un principio ergonómico” fundamental en este asunto.
Sin embargo, la critica de fondo se mantiene. “La sistemática sospecha de una pretensión de fraude por parte del trabajador” penaliza a quien padece la enfermedad y a sus familias, afirma la Federación. La publicación de la guía y el cobro de primas por parte de los médicos responden a “actitud prejuiciosa”, añaden, tras la cual se esconden “planteamientos ideológicos”, concluye, tras reclamar para el paciente, en casos de sospecha de fraude, al menos el “beneficio de la duda”.
El método escogido, sin embargo, ha despertado nuevos recelos entre quienes denuncian la desconfianza hacia la honradez de los pacientes que acuden al médico. Según la FADSP, la guía abunda en la “sistemática sospecha” que pesa sobre los pacientes y sus supuestas “pretensiones de fraude”.
En esta línea, la Federación recuerda otro sistema de control parar reducir el número de bajas. Para Alberto del Pozo, médico de Atención Primaria, el cobro de un complemento salarial por parte de los médicos que no prescriban bajas supone una “forma perversa” de relacionar los honorarios de los profesionales con el ejercicio de su profesión. A su parecer, las primas se sitúan en un lugar “fronterizo con la inmoralidad” en relación a la dimensión ética que debe presidir el desempeño de la medicina.
Por su parte, la Seguridad Social afirma que guía "no pretende, en ningún caso, decir a los médicos cómo deben ejercer su profesión”, según abundó el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, en la presentación esta semana de la guía. Por el contrario, sostuvo, la guía “simplemente” persigue ofrecer a los médicos un “apoyo” para la valoración de los pacientes.
CAOS EN EL SEGUNDO ESCALÓN
La Federación sostiene, en cambio, que el ahorro pretendido con el control de las bajas laborales se lograría organizando mejor la atención médica. El Sistema Nacional de Salud (SNS) padece “gravísimas deficiencias organizativas”, sostiene la (FADSP), que, entre las deficiencias, cita las “largas demoras” en las consultas de especialistas del segundo y tercer nivel, atribuidas a la “escasez de personal”que padecen estos servicios. Además, “las exasperantes listas de espera” necesarias para la realización de pruebas complementarias provocan que las bajas sean más largas, añaden, al impedir que se diagnostiquen las dolencias a tiempo.
“Si se va a otorgar a la Atención Primaria un papel decisorio en el control y seguimiento de la Incapacidad Temporal (IT)”, afirma Alberto del Pozo, médico de Atención Primaria, “no parece que juegue un papel favorecedor el hecho de que en muchas consultas el tiempo dedicado a cada paciente no alcance los 6 minutos”, asegura, tras criticar lo que califica de “intrusismo” por parte de las Mutuas, entes privados encargados, en algunos casos, de prescribir estas bajas laborales.
EL PARO AHORRA RECURSOS
Al presentar la guía, el secretario de Estado de la Seguridad Social destacó, en los últimos años, este gasto por Incapacidad Temporal (IT) –el nombre técnico que reciben estas bajas- se ha visto reducido, debido, en su opinión, “al aumento de procesos controlados en aquellos espacios donde se producen enfermedades de forma reiterativa".
Sin embargo, la Federación sostiene que la caída registrada se debe en buena parte a la “incertidumbre” que ha provocad la crisis económica entre los trabajadores. A su juicio, la falta de certeza sobre la continuidad en el puesto de trabajo motiva que muchos ciudadanos renuncien a pedir la baja, aunque les suponga acudir al trabajo enfermos. Esa incertidumbre “y la desregulación que va instalándose en el mundo del trabajo”, es lo que deteriora la salud física y mental de los trabajadores. “Así lo comprobamos cada día en nuestras consultas de atención primaria”, sostiene del Pozo.
Con todo, la Federación juzga “positivos” algunos aspectos de la guía como la homologación de criterios y la reivindicación de que es el puesto de trabajo el que debe adecuarse lo más posible a las personas, “un principio ergonómico” fundamental en este asunto.
Sin embargo, la critica de fondo se mantiene. “La sistemática sospecha de una pretensión de fraude por parte del trabajador” penaliza a quien padece la enfermedad y a sus familias, afirma la Federación. La publicación de la guía y el cobro de primas por parte de los médicos responden a “actitud prejuiciosa”, añaden, tras la cual se esconden “planteamientos ideológicos”, concluye, tras reclamar para el paciente, en casos de sospecha de fraude, al menos el “beneficio de la duda”.
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